El despido acordado entre empresa y trabajador es una práctica que se ha vuelto cada vez más común en el ámbito laboral. Consiste en que ambas partes lleguen a un acuerdo para poner fin a la relación laboral de forma amistosa, evitando así los trámites y costos asociados a un despido tradicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta práctica no es legal y puede acarrear graves consecuencias tanto para la empresa como para el trabajador.
No es legal
El despido acordado no está contemplado en la legislación laboral y, por lo tanto, no es una forma válida de terminar un contrato de trabajo. Según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el despido debe estar justificado por causas objetivas o disciplinarias, y debe seguir un procedimiento establecido. El acuerdo entre empresa y trabajador para poner fin al contrato de trabajo de forma amistosa no cumple con estos requisitos legales.
Es considerado una falta muy grave
El despido acordado se considera una falta muy grave, tanto para la empresa como para el trabajador. La empresa está incumpliendo la legislación laboral al no seguir el procedimiento establecido para el despido, mientras que el trabajador está renunciando a sus derechos laborales al aceptar un acuerdo que no cumple con la ley.
Se tipifica como un falseamiento de documentos
El despido acordado implica la firma de un documento en el que se establece la finalización del contrato de trabajo. Sin embargo, este documento es falso, ya que no cumple con los requisitos legales para ser considerado un despido válido. Por lo tanto, se tipifica como un falseamiento de documentos, lo cual es un delito penal.
Puede desencadenar en un proceso penal por delito contra la Seguridad Social
Además del falseamiento de documentos, el despido acordado puede desencadenar en un proceso penal por delito contra la Seguridad Social. Esto se debe a que al no seguir el procedimiento legal para el despido, la empresa no realiza las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social, lo cual constituye un fraude a la Seguridad Social.
Puede haber sanciones para la empresa
La empresa que realiza un despido acordado puede enfrentar sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estas sanciones pueden ser muy elevadas y suponer un gran perjuicio para la empresa.
Puede haber pérdida de futuras subvenciones, incentivos y beneficios fiscales para la empresa
Además de las sanciones económicas, la empresa que realiza un despido acordado puede perder futuras subvenciones, incentivos y beneficios fiscales a los que pueda tener derecho. Esto se debe a que el incumplimiento de la legislación laboral puede ser considerado como una falta grave y puede afectar la reputación de la empresa ante las autoridades competentes.
El trabajador puede ser excluido del derecho a percibir cualquier prestación económica durante un tiempo
El trabajador que acepta un despido acordado puede ser excluido del derecho a percibir cualquier prestación económica, como el subsidio por desempleo, durante un tiempo determinado. Esto se debe a que al aceptar un acuerdo que no cumple con la legislación laboral, el trabajador renuncia a sus derechos y puede ser considerado como una falta de colaboración con las autoridades competentes.
Si se devuelve el importe defraudado antes de que se inicie un proceso inspector o una denuncia, se puede ser absuelto
En caso de que se haya realizado un despido acordado y se haya defraudado a la Seguridad Social, existe la posibilidad de ser absuelto si se devuelve el importe defraudado antes de que se inicie un proceso inspector o una denuncia. Sin embargo, esto no exime de las demás consecuencias legales y económicas que puede acarrear el despido acordado.
El despido acordado entre empresa y trabajador no es legal y puede tener graves consecuencias tanto para la empresa como para el trabajador. Es importante cumplir con la legislación laboral y seguir el procedimiento establecido para el despido, evitando así problemas legales y económicos en el futuro.
